El anteproyecto para modificar la Ley de Semillas, que aún no ingresó en el Congreso, sacudió el avispero y desencadenó fuertes posiciones encontradas en el sector agropecuario. Los principales temas en discusión que incluye la norma son la interpretación del uso propio de la semilla , el pago del «canon tecnológico», lo que hasta ahora se conocía como «regalía extendida» y la relación que pueda surgir con la Ley de Patentes.

Hay que recordar que la ley 20.247 de 1973 vigente hasta ahora, no restringe el uso propio.

El pleno apoyo de la industria semillera y de Aapresid; el respaldo con «observaciones» de la Rural, CRA y Coninagro, y el rechazo de la Federación Agraria, conforman un amplio abanico de posiciones.
Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), dijo a La Nacion que la nueva ley resuelve el uso propio, contemplado en la normativa vigente, pero «que se estaba excediendo y entonces apareció la ilegalidad en la bolsa blanca». Señaló que éste ha sido uno de los aspectos en los que la industria semillera cedió para que la norma prospere. «Todo esto ocurrió en el contexto de un proceso de construcción colectiva del que participaron sectores públicos y privados», destacó el ejecutivo. «Y otra concesión fue la eliminación del pedido de autorización al obtentor», agregó.

La nueva normativa establece el uso propio «gratuito u oneroso». Se toma como base para el uso gratuito a los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). «Son 50.000 productores que podrán acceder a la mejor tecnología, que representan el 71 por ciento de los agricultores del país, el 19 % de la producción total y el 51 por ciento del empleo del sector agrario. Y corresponde el uso propio oneroso al 29 % de los agricultores, básicamente los medianos y grandes».

Asimismo, Paseyro señaló que «todavía hay algo de confusión». En ese sentido dijo que «el anteproyecto está referido a la protección intelectual de las variedades vegetales (el germoplasma), y no hay ni un solo artículo que haga referencia a la biotecnología que va por la ley de Patentes, y que sí obliga el pago de derechos sin excepciones».

Reconocimiento

Para el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), César Belloso, la entidad siempre estuvo en favor de reconocer la propiedad intelectual y el trabajo que hace el obtentor. «Por lo tanto, nos parece razonable lo que plantea la Ley de Semillas», señala.

Reconoce, asimismo, Belloso que, si bien tiene que haber alguna excepción, «que sea para aquel agricultor que esté en una condición realmente precaria y que no pueda afrontar el pago que el obtentor pone en la generación de un avance genético».

Por su parte, Ricardo Negri (h), líder de Investigación y Desarrollo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), dijo que la posición del movimiento es reconocer que la mejora genética y la biotecnología aplicadas a las semillas tienen un valor «que deberá ser retribuido», pero que las herramientas de reconocimiento de valor «contemplen los intereses de todos los actores de la cadena».

En tanto Hugo Luis Biolcati, que presidió la Sociedad Rural Argentina (SRA) hasta el jueves pasado, dijo que el uso propio gratuito, amparado por la legislación vigente, puede ser reglamentado y limitado para remunerar más equitativamente los avances tecnológicos, pero no puede ser erradicado sin crear serios trastornos en la producción. «Por ello, la SRA apoya el anteproyecto en análisis, pero sostiene la necesidad de preservar el uso gratuito aún con limitaciones, y que el canon que se pague abarque al germoplasma así como a los eventos que contengan las semillas», sostuvo.

«Me parece que el cambio es necesario», dijo el economista de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federico Landgraf.

Para el economista es importante resaltar que no se prohibirá el uso propio y destacó que haya un esquema que sea oneroso, porque la tecnología hay que pagarla, con excepciones. Pero pidió que como ya hay muchos semilleros que están patentando genes, la Ley de Patentes, que se aplica en biotecnología, sólo rija para la relación entre las empresas y que sus efectos no se trasladen a los usuarios.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) propuso mantener como hasta ahora el uso propio de semilla como lo establece la ley vigente y que sea gratis para todos los agricultores, sin segmentaciones.

En tanto el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, dijo que la entidad no hace objeciones al pago de regalías, como concepto general. «Le interesa y apoya todas las cuestiones o avances tecnológicos», dice. Pero reclama que se mantenga el criterio de uso propio, «El productor no debe pagar regalías en la campaña siguiente si vuelve a sembrar la misma superficie que hizo por la compra original. Y si siembra más, entonces si que pague por la diferencia», señaló.

Una entidad muy disgustada fue la Federación Agraria Argentina (FAA), que se retiró de la negociación denunciando que en este debate «bajo la apariencia de búsqueda de consensos, priman los intereses de las corporaciones sobre los de la soberanía nacional y de los productores».

Sostiene FAA que en ningún caso se opone a los desarrollos biotecnológicos, pero «sí a los negocios de unos pocos que terminan transformando esta tecnología en enemiga del conjunto».

También el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó su firme rechazo a la norma que, según dice, «pone en juego la soberanía alimentaria» .

AAPRESID